“La iniciativa tiene como propósito acabar con esta historia vergonzosa de las pensiones doradas, del pago desproporcionado de pensiones a funcionarios que se dio en el pasado, y que hoy representa una carga financiera para Pensiones insostenible en el tiempo. El estudio actuarial justo lo que busca es demostrar técnicamente por qué eso no es viable, por qué no se pueden mantener pensiones algunas de hasta 200 mil pesos al mes que se le está pagando a personas por hacer trabajo en la administración pública estatal, lo cual es un contrasentido”, precisó el mandatario estatal, tras entregar la iniciativa al Congreso Estatal, acompañado del estudio actuarial que soporta técnicamente la decisión de no sostener las llamadas “pensiones doradas”.
En el escrito se estipula el eliminar un artículo transitorio de la ley en la cual se defenderá legalmente la aplicación retroactiva a funcionarios que reciben pensiones que superan en algunos casos los 200 mil pesos al mes.
En el legislativo, el Gobernador llamó a los 87 funcionarios que reciben pensiones doradas de más de 100 mil pesos, a no seguir poniendo en riesgo el futuro de los recursos de los trabajadores al servicio del Estado.
“Es un asunto ético, no puede haber pensiones de ese tamaño en el servicio público”, puntualizó.
Confió en el trabajo de los diputados de las distintas fuerzas políticas del Congreso de Jalisco, para poder procesar a la brevedad la iniciativa que se acompaña de un componente técnico y ético que se anexó a la entrega.
Enrique Alfaro recordó que desde el primer día de la administración se trabaja en la viabilidad de futuro al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como se ha hecho con la reconstrucción financiera del proyecto de Chalacatepec.
“Este es un tema nada más de los muchos frentes de trabajo que tenemos que atender y que estamos atendiendo, sobre todo el portafolio de inversiones de pensiones, tanto en lo financiero como en lo inmobiliario ha sido objeto de una revisión integral. Ya estamos, por ejemplo, como Pensiones recibiendo recursos de Chalacatepec que durante muchos años estuvo como una inversión absurda, así como muchos otros casos que ya están caminando, es decir, la reconstrucción financiera de pensiones está en marcha desde el principio de la administración”.
La modificación sería al Artículo 70 Fracción II que establece la limitación a las pensiones. Actualmente las pensiones tienen un tope de 35 días de salario mínimo por día, lo que representa 148 mil 785 pesos mensuales. Con la reforma presentada por el Gobernador pasarán a toparse a 25 días de salario mínimo al día, quedando en 106 mil 275 pesos mensuales, esto es reducir 42 mil 510 pesos.
La viabilidad de la propuesta que plantea el Gobernador para que la aplicación sea retroactiva y no solo para futuras pensiones, tiene sustento jurídico en consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecieron que los ajustes se pueden dar con el objetivo de otorgar viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en el Estado.
“¿Cuál es la justificación para que sí podamos hacer estos ajustes de forma retroactiva? Tanto la corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) en 2014, como la Corte Interamericana en el famoso caso de cinco pensionistas contra Perú, estableció que esos ajustes se pueden dar para justo darle viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en los estados. Los estados tienen un margen de configuración en sus modelos de pensiones precisamente para darle esa viabilidad, la causa es una utilidad pública, un interés público.
Si no se hacen esos ajustes los modelo no sería viables y estaríamos comprometiendo el futuro de los trabajadores”, explicó David Bernal, abogado del Despacho del Gobernador.
Al mes de junio son 87 pensiones arriba de 100 mil pesos, teniendo un impacto mensual de 12 millones 139 mil 037 pesos, esto significa que anualmente el IPEJAL destina para mantener estas pensiones un aproximado de 145 millones 668 mil 444 pesos.