Por Luis Enrique López Carreón
Dirigente del Movimiento Antorchista en Colima
La definición más común que podemos encontrar para el término “colapso”, es, según la Real Academia Española: destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etcétera. Por eso es que yo digo que lo que sufrimos hoy en Colima es un verdadero colapso. Pero estoy muy seguro que, más que un colapso financiero, nos encontramos ante un colapso político, es decir, ante un estado caótico causado por el encontronazo entre los grupos políticos y económicos tradicionales, por un lado, y por el otro, los nuevos grupos que surgieron a raíz de la reciente elección; quienes se disputan ahora el control de los poderes fácticos del gobierno estatal.
La reciente declaratoria de quiebra financiera del Gobierno actual es sumamente preocupante. Tanto que, el mismísimo gobernador tuvo que salir a declarar públicamente que, a casi seis meses de que termine el ejercicio fiscal anual, ya no tiene dinero ni para pagar los salarios de los trabajadores del Estado. Pero, mucho más preocupante resulta aún, la actitud que está asumiendo la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, al deslindarse literalmente de esta catástrofe económica que inmerecidamente sufrimos todos los colimenses.
No cabe duda de que toda la responsabilidad es del gobierno actual, así lo reconoció públicamente el gobernador Ignacio Peralta, y que por ello, tal vez, de ser necesario se le finquen responsabilidades que por hoy no viene al caso detallar. Pero, ¿qué pasará con los salarios que se les debe a los trabajadores que dependen del gobierno estatal?, y ¿qué será de las miles y miles de familias que están a la espera de los apoyos prometidos ante las contingencias del clima y de la pandemia? La gobernadora electa no debe olvidar que, muchos de los que le dieron su voto de confianza, directa o indirectamente el pasado 6 de junio, son víctimas de esta catástrofe económica que refiero; y como ella misma dijo en algún lugar: “amor con amor se paga”, ¿o no?
El pueblo sabe ya de sobra, que, donde quiera que haya un victimario indudablemente habrá siempre una víctima; y ya es práctica común de las autoridades, cebarse con saña sobre el victimario, pero, dejando casi siempre indemne y en el olvido la reparación del daño sufrido por la víctima. No sabemos con certeza alguna, si es verdad o no que el Gobierno actual ya no tiene liquidez económica ni para pagar la nómina como se dice, lo que lo convierte en victimario; pero lo que sí sabemos y con mucha seguridad, es del terrible daño que se le esta causando a miles de familias, empezando por las de los trabajadores ya referidos, que son precisamente las víctimas. Antes que descubrir el verdadero culpable de tan caótica situación inédita, urge que se garantice la reparación del daño a los colimenses, pagando los salarios y entregando los apoyos prometidos.
El gobernador justifica este colapso financiero, argumentando que implementó, precisamente lo que sus enemigos políticos dicen que nunca tuvo: disciplina financiera. Esto, más las consecuencias de la pandemia, dice, fueron lo que nos llevó a esta situación de postración económica. Pero yo insisto que la causa es política. Veamos.
Dice el mandatario en los medios locales, que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera instrumentada a partir de 2017, a diferencia de otros sexenios, su gobierno no puede dejar al finalizar su mandato, deudas anteriores y contraídas en su periodo por créditos a corto plazo. Declaró así: “Mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda por créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda; el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo recibí.” Muy bien, pero, en todo caso aquí la pregunta sería: ¿por qué no obligó el gobernador en su momento, que se le diera celeridad a las investigaciones sobre las denuncias presentadas contra el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y que se ejecutaran las sentencias emitidas al caso sobre la reposición del daño financiero al Estado? He aquí un indicio del carácter eminentemente político de las causas que se manejan.
Por otro lado dice el gobernador, que, “pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año, generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos”. Pues, dada la necesidad de hacer frente a la situación de crisis sanitaria que padecemos desde hace más de un año, y a la Ley de Disciplina Financiera ya referida, esto me parece explicable. Pero entonces, ¿cómo pensaba el gobernador resolver el problema, en caso de que su candidata, Mely Romero, hubiese sido la que ganara la elección gubernamental reciente? Entiendo que él y su equipo tenían ya planeado cómo resolver esta “presión financiera”, dado que la Ley se debe cumplir ante cualquiera circunstancia; a menos que hubiesen tenido siempre la intención de dejar la casa incendiada, tal como parece que la dejarán. Y aquí, otra vez aparece el carácter político que digo.
Pero, y a todo esto, ¿cuál es la opinión de la gobernadora electa, dado que es ella, precisamente, quien recibirá en noviembre un gobierno literalmente en quiebra, sin dinero ni para cobrar su propio salario? Y así contesta la gobernadora ante los cuestionamientos de los medios: “Conforme avance el proceso de transición, revisaremos el estado actual de las finanzas para poner orden en las mismas. No seremos comparsas de nadie, ni cómplices de ninguna irregularidad. Revisaremos a fondo la falta de recursos para detectar cualquier mal manejo o acto de corrupción” ¿Y es todo?, ¿y el dinero para pagar los salarios y los apoyos a los colimenses ante las contingencias que vivimos? ¡Dinero!, gobernadora, es dinero y más dinero lo que se necesita. Está bien que no sea comparsa de nadie, pero, si lo que se argumenta de la Ley de Disciplina Financiera, es cierto, entonces de nada nos servirá a los colimenses que ponga orden y meta a la cárcel a quien usted quiera, porque en el fondo de lo que revise no va a encontrar el dinero que se necesita.
Pero entonces, si la gobernadora electa logra conseguir del presidente López Obrador, el dinero de adelanto de participaciones que hasta ahora le ha sido negado a José Ignacio Peralta, quedará demostrado con creces, que lo que vivimos hoy es un colapso político promovido a propósito por la 4ªT y sus contrincantes. Que, ¿cuál sería la razón de tan funesta intención contra los colimenses? Pronto lo sabremos. Por mientras, todos atentos a lo que dirá el presidente en la visita que dice que hará este sábado a tierras colimenses.
Colima, Col, a 6 de agosto de 2021