Por Itzel Sarahi Rojas Rivera
Dirigente Antorchista en el Seccional Colima
Datos de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, menciona en su libro “El derecho a la salud como derecho fundamental”, lo siguiente: “el párrafo cuarto del articulo 4° constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia. De acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del articulo 73 constitucional”.
El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos. Así, por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”
El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución. La salud, como objeto de protección del derecho que se comenta, se puede entender, de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad”.
Dicho lo anterior, puede suponerse que nuestro país cumple con las obligaciones que la Constitución dicta en materia de salud, sin embargo, la realidad para muchos mexicanos es lamentable en este tema. Veamos.
La revista digital Forbes, menciona así: “actualmente, 33 millones de mexicanos, el 26% de la población nacional, carece totalmente de afiliación a servicios de salud”. “Solo el 45% de la población, lo equivalente a 56 millones de personas, cuenta con la afiliación a servicios de salud de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, Semar y Sedena), el 27% (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Insabi e IMSS Bienestar y el 2% cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución”.
Además, “alrededor del 65% de la gente ha reportado que no asistido a sus consultas de atención y ha sido, no porque la persona lo haya decidido, sino porque los servicios del gobierno han cancelado las consultas o las han reprogramado”, así lo mencionó Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Por si esto fuera poco, al primer bimestre del 2021, cinco dependencias de la Administración Pública Federal (APF), proyectan recortar 7 mil 294 millones de pesos en presupuestos aprobados originalmente por el congreso para este año. Las cinco dependencias que ajustaron a la baja son el Ejército, Economía, Marina, Medio Ambiente y Salud, a las cuales les fue aprobado y presupuesto original conjunto por 331 mil 335 millones de pesos, pero con la modificación a la baja, ahora el presupuesto que proyectan esas dependencias es de 324 mil 40 millones de pesos (El financiero, 2021)
Ante este panorama, traigo a cuenta dos casos que han sido ignorados por parte del sector Salud en el Estado de Colima; el primero se trata de Jorge Raúl Rodríguez Gutiérrez, de 74 años de edad, de la comunidad de Piscila, diagnosticado con gonartrosis bilateral por el Hospital Regional, dicho padecimiento es una enfermedad articular crónico, degenerativa y progresiva, que consiste en la pérdida del cartílago articular y la deformación de la articulación de tal forma que se altera la función de la rodilla. Don Raúl, ya había sido programado para su cirugía, pero de buenas a primeras, el Hospital Regional decidió posponer hasta el próximo año la intervención del señor.
El segundo caso, se trata de una joven de 23 años de edad, llamada Vanessa Díaz, que durante cuatro años tuvo un dolor severo de rodilla y en el IMSS le diagnosticaron artritis, sin embargo, después de muchos años el dolor fue avanzando y decidió ir a una clínica particular donde le realizaron los estudios pertinentes, y ahora necesita una cirugía de revisión artroscópica, para limpieza articular y toma de biopsia, con un costo de aproximadamente 50 mil pesos. Cantidad imposible de costear por sus limitaciones económicas.
El derecho a la salud es un derecho constitucional, y los gobiernos están obligados a crear los mecanismos necesarios para la atención medica de todos los mexicanos; es lamentable la situación de Don Raúl y de Vanessa, que hoy en carne propia sufren los estragos de un sistema de salud que no puede curarlos. Y no queda de otra, los derechos se tienen que exigir y alzaremos la voz cuando sea necesario.
Hacemos un llamado respetuoso al Gobernador del Estado, y a la Gobernadora electa, Indira Vizcaino, para la atención y solución de estos dos casos. No es posible que en Colima se niegue el derecho a la Salud.