Por Luis Enrique López Carreón
Dirigente del Movimiento Antorchista en Colima
No es lo mismo hablar de vivienda popular, que referirse a la vivienda de interés social. No obstante que la diferencia tangible que media entre ambas es evidente, pues tiene qué ver casi siempre con los ingresos económicos comprobables de quienes puedan adquirirlas, para resolverse de esta manera un importante derecho humano; cada vez que pueden, los gobiernos de todo tipo y pelaje, olvidan a propósito esta diferencia para rehuir la obligación constitucional que tienen con todos sus gobernados. Pretender resolver la gravísima falta de vivienda popular, impulsando la venta de viviendas de interés social, no sólo es un craso error de simulación, constituye, además, una violación a la Constitución misma en perjuicio de los que menos tienen.
Una casa de interés social, o vivienda incluyente, como también se le conoce, es aquel inmueble que se promueve para simular que se provee de una vivienda digna a un individuo o familia de escasos recursos. Pero el precio de venta de estas viviendas, oscila entre los 230,000 y los 600,000 pesos, sin importar si se trata de una casa o de un departamento. Su valor de venta, sin embargo, responde más a la ubicación del conjunto habitacional y a los acabados finales con que están construidas. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), integrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Viviendas (SNIIV), comprar una casa de interés social tiene un costo máximo de 924 mil 402 pesos en el mercado de bienes raíces.
En el año 2013, el periodico El Economista informaba ya del panorama social en materia de vivienda que viviamos en el país, que hoy, estoy seguro, sólo se ha agravado. Dijo así el medio: “ En el país hay 28.5 millones de viviendas habitadas, pero apenas dos de cada tres son dueños de sus casas, en tanto 14 por ciento de la población renta una casa.” Luego informó, que lo ocurrido desde los últimos tres sexenios fue, que se modificó el marco regulatorio y la rectoría de la construcción de viviendas, y se dejó todo en manos del mercado, quedando el Estado como ente regulador, por lo general omiso, que ha tenido consecuencias desastrosas para los sectores más pobres del país. “…ahora, el promedio de la vivienda popular [de interes social] es de apenas 40 metros cuadrados, cuando hace tres décadas era del doble. Las viviendas de interés social que se ofrecen en la actualidad, son terrenos de cinco metros de frente por quince de fondo (75 metros cuadrados) con viviendas de 40 metros o hasta 34 metros de construcción.” (El Economista 30/3/ 2013) Hasta aquí dejo hoy lo que quiero decir de esta modalidad de viviendas.
Por otro lado tenemos la vivienda popular, tambien conocida como vivienda autoproducida. Según la “Ley de vivienda, artículo 4-I”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, este tipo de vivienda, a diferencia de la modalidad ya comentada, “es aquella en la que el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda está bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción” (CGUM, 2006)
En su obra “Reflexiones sobre el diseño habitacional y la auto-construcción, experiencias de auto construcción de vivienda en México”, el investigador J. I Andrade, afirma que la vivienda progresiva, desde el punto de vista popular, “es donde se plantean las etapas de crecimiento en función de los recursos de sus propietarios, de las necesidades propias del proceso de vida humana, y sus cambios en el tiempo como un factor determinante y constante”. Sí, sólo que en el México de hoy se ingonra a los pobres. El apoyo a la vivienda popular esta totalmente abandonado.
La magnitud de la falta de vivienda popular en Colima, por ejemplo, esta generando la proliferación de asentamientos irregulares. El tamaño del problema lo definió el Insitito de Suelo, Urbanización y Vivienda (INSUVI), en su Programa Institucional 2017-2021, publicado en el Diario Oficial del Estado (DOE) el 31 de marzo de 2018: “Las opciones de acceso a vivienda digna de la población más vulnerable del Estado, son bastante limitadas; propiciando condiciones de hacinamiento y problemas sociales derivados de éste. Cuando no se tiene acceso a crédito hipotecario los asentamientos humanos en condiciones de pobreza, resaltan la precariedad de la vivienda lo que provoca subdesarrollo de los habitantes que generan núcleos de pobreza, aumento en la segregación urbana e incapacidad para desarrollar herramientas para mejorar su calidad de vida y la certidumbre de un patrimonio”
En el mismo documento, el INSUVI definió las metas con las que se proponía, en aquel entonces, combatir el grave rezago en materia de vivienda popular. Veamos: 1) Al 2021 edificar 1,300 acciones de vivienda en cualquiera de sus modalidades conforme a la demanda y disponibilidad de recursos. 2) Construir 5 mil cuartos adicionales para combatir el hacinamiento. 3) Adquirir 58 hectáreas de reserva urbana con uso preferentemente habitacional para nuevos desarrollos. 4) Urbanizar 95 hectáreas de suelo urbano para la creación de lotes con servicios para los solicitantes que así lo requieran con la finalidad de poder realizar acciones de vivienda. 5) Concluir la urbanización de 16 fraccionamientos vigentes del INSUVI, introduciendo los servicios faltantes y obras complementarias para su posterior entrega oficial al ayuntamiento correspondiente. 7) Escriturar a los beneficiarios de fraccionamiento promovidos por el INSUVI con la finalidad de garantizar su patrimonio. Y, 8) Regularizar los asentamientos humanos presentes en el Estado con la finalidad de otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio y mejorar la calidad de vida de las familias.
Dada la gravedad de la falta de vivienda, no ví mal las metas del INSUVI. Pero todo quedó en buenas intenciones. El abandono gubernamental a la vivienda popular, en ese entonces, no tenía comparación alguna. Dije que no la tenía. Por que con el nuevo gobierno, este que dice que “primero son los pobres”, vamos de mal en peor. Contrario a la lógica elemental, ya se trabaja para desaparecer el INSUVI como organo desentralizado, para reducirlo a una simple dirección agregada a una Secretaría.
En el Movimiento Antorchista colimense somos defensores de la vivienda popular. Representamos a más de 2 mil familias carentes de vivienda que sufren por la falta de un patrimonio para su hijos. Desde diciembre del año pasado, hicimos del conocimiento a la Gobernadora de este gravísimo resago social. En los días que corren, esperaremos su respuesta a este elemental derecho constitucional. Insistiremos antes de exigir públicamente, como suele decir el pueblo, “lo que por ley nos corresponde”. Ojalá nos escuchen.