Itzel Sarahi Rojas Rivera
Dirigente Antorchista en el Seccional Colima
Si de por sí en nuestro país para miles de familias mexicanas es complicado acceder a créditos de vivienda, ahora en este 2023, donde deseamos buenos propósitos y esperanza para todos, creo que no será así en este rubro. Veamos.
El periódico El Noticiero, menciona al respecto lo siguiente: “Créditos de Infonavit serán 5.2% más caros en 2023. Un 78% de los créditos que a diciembre de 2022 eran susceptibles de ser convertidos de Veces Salario Mínimo a pesos no realizaron tal modificación, por lo que sus saldos se verán incrementados en un 5.2% en 2023, según datos del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), a cargo de Carlos Martínez”.
“Lo anterior implica que de 2.3 millones de acreditados que, a diciembre del 2022 y hasta el 10 de enero de 2023 debieron realizar tal conversión, sólo la concretaron 500 mil, quedando 1.8 millones que pudieron verse afectados, tanto por el incremento de 20% aprobado y aplicado, a partir de 1 de enero de 2023, al salario mínimo, como por el alza inflacionaria por lo que se tomó la determinación de sólo aplicarles el promedio de inflación de los últimos cinco años”
Es decir, ahora, será más complicado para los trabajadores acceder a un crédito para tener su casa propia, pues hasta el momento, es la única forma en la que el gobierno a través del Infonavit, ha tratado de resolver la vivienda para miles de trabajadores en el país, sin embargo, muy pocos logran acceder a estos créditos, pues se necesita contar con trabajo formal, donde estes dado de alta en el seguro social y eso es precisamente lo que no pasa en nuestro país.
Datos del portal web El Economista del 7 de diciembre de 2022, menciona que “en México poco más de la mitad de los trabajadores se emplean en alguna modalidad del sector informal. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, al corte de octubre se registraron 32.4 millones de mexicanos trabajando en estas condiciones, mientras que el empleo formal alcanza 26.1 millones de plazas activas”. Es decir, si nos basamos en estos datos, son 32.4 millones de mexicanos que no podrán acceder nunca a estos créditos por su informalidad laboral, una desgracia para millones de mexicanos.
Para esto, ¿qué está haciendo el Gobierno Federal, ante esta situación? “El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del plan en apoyo de los trabajadores que pagan créditos de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Se trata, dijo, de un plan perfectible que se implementará a lo largo del sexenio y que se mejorará conforme a su aplicación. Con estas medidas se busca, principalmente, ayudar a aquellos beneficiarios que actualmente pagan sus créditos pero que tienen dificultades para solventarlos porque su deuda ha ido creciendo por intereses u otros factores.
La nueva política nacional de vivienda involucra al Infonavit, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada, asequible y cercana a los centros de trabajo”.
Bien, pero, ¿cuál es la estrategia del presidente para los 32.4 millones de trabajadores informales que hay en México? Lo cierto es que no la hay, una verdadera alternativa de vivienda para la clase trabajadora no existe, ni aunque sea a través del Infonavit, pues además de los salarios tan raquíticos que gana el trabajador, prácticamente las cuentas para adquirir una casa en esas condiciones, son impagables. Y ahora menos, cuando los créditos serán más caros.
Es por eso que no queda de otra, exigir a los gobiernos de todos los niveles que se cumpla con la constitución política de los estados unidos mexicanos, donde menciona en su artículo cuarto constitucional que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Por su parte, la Ley de Vivienda establece la definición (art. 2): “Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.”
El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe ser excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin comprometer la satisfacción de otras necesidades.
No queda de otra, defendamos nuestro derecho a la vivienda popular para todos los mexicanos.