Por Luis Enrique López Carreón
Dirigente del Movimiento Antorchista en Colima
La cuenta regresiva ya está en marcha; al parecer, los días de gloria de la autonomía del Poder Judicial de la Federación están contados; y con esta sentencia, está sentenciada también la división de poderes en nuestra nación. El imperialismo mexicano se quitó la máscara, y con ello conoceremos el verdadero rostro del autoritarismo. El próximo día 26 de agosto, tal como lo deseó durante todo su mandato el presidente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y aprobará su reforma, una más, aplicada a nuestra Carta Magna: La reforma al Poder Judicial.
Este inminente y flagrante atentado contra nuestra Constitución Política será posible, sólo gracias al inmenso poder acumulado por el presidente y su partido Morena, aliado con otros como él en el pasado proceso electoral del 2 de junio; de los 500 diputados federales que componen ahora la Cámara Baja de la nación, 364 curules manejará el presidente para tener la mayoría calificada, mayoría que necesitaba para modificar la Constitución. Y en ello, ayudarán también solícitamente los 83 senadores que le significan otra deseada mayoría. A estas alturas la resistencia ya no puede venir de los mexicanos, aunque así se lo propusieran. Si el imperialismo mundial no decide otra cosa, la división de poderes en México llegó a su fin.
Y aquí estamos otra vez los mexicanos, divididos, despedazando la que queda de la Constitución; unos, aunque no lo sepan, con el presidente arrancando de la Carta Magna lo que no conviene a su particular interés, y otros, con el pueblo más desamparado, aunque también lo ignoren, empeñados en salvar de ella la justicia social escrita ahí con la sangre de los primeros constituyentes.
Y para abundar en la confusión que ya sufren los mexicanos que hacen posible el sustento de la riqueza nacional, ya las manifestaciones están en la calle. Los medios nacionales informaron que la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (JUFED) llamó a suspender labores a partir de la madrugada del día miércoles 21 de agosto pasado; y así lo hicieron. Hoy por la mañana corroboré que en Colima los impartidores de justicia con todo su personal, también están en paro laboral en la calle.
La portavoz de la JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez declaró a un medio nacional que; “La reforma no sólo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”. Y abundó: “Sin justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria” (El País, 21 de agosto de 2024). Por su parte, Nelson Loranca Ventura, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de distrito, dijo aun medio que, “La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quien ostenta el poder”.
Y cuando ya creíamos los mexicanos, bajo el influjo manipulador de los medios de comunicación más poderosos, que nuestro deber como patriotas era sumarnos a favor o en contra de la defensa del Poder Judicial, aparece en los medios una nota que nos dice claramente quienes son, en el fondo, los verdaderos beneficiarios y promotores de la disputa constitucional que estamos mirando. La nota dice que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la Reforma al PJF pone en riesgo la relación con EUA: “[…] que de prosperar este cambio legal podría afectar la democracia nacional, o peor, la relación bilateral” (Diario de Colima, 23 de agosto).
Aquí la pregunta es: ¿Por qué cree el embajador de EUA, que puede venir a decirnos a los mexicanos lo que nos conviene hacer o no, con nuestra democracia y Poder Judicial? Y la respuesta, a manera de suposición, parece no ser de difícil contestación: porque ambos partidos imperialistas, que se disputan hoy la presidencia de EUA, son los principales interesados en la reforma a nuestra Constitución. Y el presidente y su sucesora lo saben perfectamente, y callan en perjuicio de los mexicanos.
La lucha que se está desatando a favor o en contra de la autonomía del Poder Judicial en nuestro país, no es a favor o en contra de los intereses del pueblo trabajador mexicano. Pues, cualquiera que sea el resultado de todo esto, es el pueblo el que siempre pagará las consecuencias funestas. Son las clases económicamente dominantes nacionales y extranjeras, las que se disputan hoy la manipulación de nuestra Constitución para beneficio de sus intereses.
Transcribo aquí lo que Lenin, el principal organizador de la revolución rusa de 1917, dejo dicho en relación a contiendas como la que hoy miramos en nuestra patria.
“Todo mundo sabe que, en cualquier sociedad, las aspiraciones de los unos chocan abiertamente con las aspiraciones de los otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia muestra la lucha entre pueblos y sociedades y en su propio seno; sabe también que se produce una sucesión de períodos de revolución y reacción, de paz y de guerras, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. El marxismo ha dado el hilo conductor que permite descubrir la lógica en este aparente laberinto y caos: la teoría de la lucha de clases”.
Y sigue el autor: “Sólo el estudio del conjunto de las aspiraciones de todos los miembros de una sociedad determinada, o de un grupo de sociedades, permite fijar con precisión científica el resultado de estas aspiraciones. Ahora bien, el origen de esas aspiraciones contradictorias está siempre en las diferencias de situación y condiciones de vida de las clases en que se divide toda la sociedad”.
Ahora aclaro yo en relación al tema que nos ocupa. Se dice que AMLO y el nuevo Congreso pretenden con la Reforma al Poder Judicial, destituir a 1,600 jueces, magistrados y ministros de un plumazo, para que sus cargos sean ocupados por otros electos por votación popular para el 2025. Pero, ¿que acaso ya olvidamos, que, cuando menos desde que somos una República Democrática, hemos elegido siempre nuestros gobiernos por votación popular, y la situación de los mexicanos más pobres ha sido siempre la misma de pobreza y marginación?
Por tanto, la Reforma a favor o en contra del Poder Judicial no es, por ahora, incumbencia de los mexicanos más pobres y desamparados. Lo que necesita nuestra Constitución no es una Reforma, sino una revolución; y trabajar y prepararnos para eso, sí que nos incumbe a todos. Sigamos remando con más fuerza, que ya llegará el momento de cobrar las facturas.