La senadora Mely Romero Celis presentó una iniciativa de ley para que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se convierta en un organismo constitucional autónomo, con el fin de garantizar independencia plena, presupuesto propio, decisiones técnicas no subordinadas a intereses políticos y una mayor eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
“Planteamos que la Comisión Nacional de Búsqueda sea un organismo autónomo de alcance nacional y sea el rector de todas las acciones de búsqueda de personas en este país”, expresó la legisladora del PRI al presentar la propuesta que modifica los artículos 14 y 21 de la Constitución, con el objetivo de que esta institución deje de estar bajo el control de la Secretaría de Gobernación y actúe con plena libertad, profesionalismo y transparencia.
Romero Celis subrayó que el cambio es urgente, ya que México enfrenta una crisis humanitaria de dimensiones devastadoras. Recordó que hasta junio de 2024 la cifra oficial de personas desaparecidas o no localizadas supera las 115 mil, aunque la realidad rebasa esa cifra. “El horror volvió a salir a la luz en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrió un nuevo campo de exterminio. No es un caso aislado; en todo el país están apareciendo fosas clandestinas, crematorios improvisados y restos humanos abandonados mientras las autoridades se lavan las manos”, lamentó.
La senadora denunció que el oficialismo ha rechazado propuestas concretas para enfrentar esta tragedia, como ocurrió recientemente cuando se opusieron a la creación de una comisión especial para investigar estos casos. “No les importa. Han dejado a las víctimas solas, a merced del crimen, del abandono y del silencio”, afirmó.
Romero enfatizó que el sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos no puede seguir siendo ignorado. “México no es solo una cuestión estadística, es un sufrimiento profundo que afecta a miles de familias que viven en la angustia y la incertidumbre. Este sufrimiento es una herida abierta de la sociedad mexicana”, expresó.
Por ello, hizo un llamado firme a retomar el camino de la reflexión y la acción: “El Estado debe estar a la altura de esta tragedia. Eso comienza por garantizar que el derecho a ser buscado esté consagrado como un principio constitucional, y que exista una institución autónoma, imparcial y eficaz que lo haga valer”.