Por Luis Enrique López Carreón
Dirigente del Movimiento Antorchista en Colima
No es la primera vez que me ocupo del tema de la falta de vivienda popular en el Estado de Colima. Y no lo haría por hoy, si no hubiera yo escuchado personalmente la opinión y el desprecio que de ella tienen, algunos personajes muy ligados a Morena, partido que hoy nos gobierna a todos los colimenses.
Ya he dicho antes que no es lo mismo hablar de vivienda popular, que de vivienda de interés social. La vivienda popular, son aquellos proyectos en los que el proceso de gestión de suelo, así como la construcción, materiales y distribución de las viviendas, está bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, lo cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción. Y aclaro que todo esto, se hace siempre conforme a la limitada disposición de recursos económicos de las familias participantes, que sacrifican casi todo en aras de contar con una vivienda propia. Es decir, que por su naturaleza y origen, la vivienda popular es casi siempre promovida por los pobres para beneficio de las familias más pobres.
La vivienda de interés social, por el contrario, es vivienda promovida, sobre todo por las empresas desarrolladoras inmobiliarias con fines netamente comerciales y lucro. Estas viviendas según CONAVI, llegan a alcanzar un precio de hasta 924 mil 902 pesos en el mercado de bienes raíces; y son inmuebles aproximados a los 38 metros cuadrados de construcción en lotes promedio de 75 metros cuadrados, incluyendo áreas de vivienda, patio y estacionamiento. Podemos decir, entonces, que la vivienda de interés social, es vivienda promovida por los ricos, para que la compren las familias pobres.
Y aquí tenemos entonces la diferencia tangible y abismal que media entre ambos tipos de vivienda. No querer ver a propósito tal diferencia cuando se suele analizar el tema, demuestra por lo tanto mucha ignorancia, o mucho repudio a las clases sociales económicamente más desamparadas, y mucho sometimiento y lambizconaría con las economicamente más ricas. Querer tratar como iguales, a lo que por naturaleza y origen son fatalmente diferentes, entreña siempre una profunda e insolente injusticia.
El día martes 29 de agosto pasado, fui invitado por mis compañeros, todos jefes y jefas de familia carentes de vivienda propia, a la Sesión Ordinaria del Cabildo del municipio de Colima. Sucede que en dicha sesión, se discutiría y aprobaría en dado caso por todos los regidores, el Dictamen que aprueba la “Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Colima, en lo referente a la ampliación del límite del centro de población, designación de plazo de utilización de la reserva urbana, estructura urbana y zonificación en referencia a la parcela 35 Z-2 P1/1”.
Aclaro que la parcela referida y objeto de la modificación, fue adquirida por poco más de 500 familias de muy escasos recursos económicos, misma que adquirieron con sus propios recursos a lo largo de poco más de cuatro años, a razón de parcialidades muy precarias que les permitió su pobre economía en plena pandemia. Toda la operación de compra venta fue pagada por los beneficiarios; pagaron también el desmonte, trazo y topografía del predio, y muchos de ellos construyeron con materiales precarios sus humildes viviendas para dejar de pagar las costosas rentas que sufrían. Estamos pues, ante un caso de los pocos que hay, de proyecto de vivienda popular.
Ante la innegable acción de justicia social que implica este tema, la mayoría de los 13 ediles presentes estuvieron a favor de la modificación en la parcela mencionada; pero sólo la mayoría, porque la regidora Gisela Méndez y el regidor Jerónimo Cárdenas Ochoa, ambos del partido Morena, negaron su voto a favor de los beneficiarios de la vivienda popular. Y aquí, ¿qué pasó entonces, con aquello de “primero los pobres”?
Tres argumentos esgrimió la regidora Gisela para negar su voto; 1) no está de acuerdo en que sea el Instituto de Planeación del Municipio de Colima (IPCO), quien presente el Dictamen de modificación de la parcela referida; 2) no está de acuerdo en que, por tal acción de justicia, resulte beneficiado inevitablemente una fracción de otro predio aledaño al sur de la parcela en mención; y 3), no le parece a la regidora que la avenida principal esté suficientemente alineada. Y nada más.
Hasta aquí, pudiera parecer que la regidora Gisela sólo está velando por el buen y ordenado funcionamiento del ayuntamiento en temas referentes al desarrollo urbano; pero yo no lo creo así. La regidora se opone por consigna. Respetuosamente le reconozco el derecho a opinar sobre los temas que considere para su interés; pero, conforme al artículo 6º constitucional, reconozco también para mí el derecho a decir lo que pienso en defensa de mis compañeros.
Veamos. Primeramente hay que decir, que la regidora desconoce que, para servir mejor a todas las humildes familias carentes de vivienda propia, el IPCO solicitó con sobrada anticipación al cabildo, modificar el alcance de sus atribuciones legales, pudiendo de tal manera apoyar con asesoría técnica y administrativa, así como la de representatividad legal a todas las familias que así lo requieran. Al exigir la regidora que se niegue la asesoría del IPCO a los humildes solicitantes de vivienda en general, exige con alevosía, que se les dé a las familias humildes, exactamente el mismo trato que se le debe dar a los empresarios desarrolladores que se dedican a la venta de viviendas para su lucro.
En segundo lugar, parece ser que la regidora Gisela tiene preferencia por los Dictámenes de los desarrolladores. En la misma sesión de cabildo que refiero, se votó dos Dictámenes más: “La corrección al Programa Parcial de la Urbanización “Industrial Las Lomas”; y, “la incorporación Municipal Anticipada de la etapa 2-B, del Fraccionamiento “Puerta del Valle”. Y aquí, vi como los regidores morenistas sí votaron a favor sin oponer objeción alguna. Bien por los desarrolladores. ¿Bendito señor don dinero?
Pero sobre la parcela que nos ocupa, la regidora dijo más. Ahí mismo hizo un público exhorto a las instancias superiores que tienen que ver con el tema que refiero, es decir, a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SEIDUM) del gobierno morenista, para atender “sus objeciones”, y, por lo tanto, para no autorizar el Dictamen de modificación de la parcela que ya hemos dicho.
En próximos días, el Dictamen autorizado por la mayoría de los regidores colimenses llegará a las oficinas de la SEIDUM para su congruencia y aprobación; de ahí, debe pasar a la Secretaría de Gobierno para que ordene su publicación en el Diario Oficial del Estado (DOE); sólo entonces la modificación solicitada por las familias sin vivienda cobrará entera legalidad.
Me dirijo entonces, a tiempo y con sumo respeto a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para que meta ella, como sé que sabe hacerlo, orden y justicia en esto que parece ser un premeditado y flagrante atropello contra humildes solicitantes de vivienda popular. Si la SEIDUM rechaza o retiene el Dictamen de mis compañeros sin argumento legal suficientemente válido al caso, o la Secretaría de Gobierno le niega su final y legal publicación en el DOE, quedará demostrado entonces, cuánto sometimiento hay en el gobierno del Estado a la voluntad y gustillo de la regidora Gisela Méndez. Y Morena, pasará a la historia como el partido enemigo de la vivienda popular. Ya veremos.